IU por una gestión y propiedad del transporte colectivo, totalmente públicos, como garantía del derecho a la movilidad de tod@s.
“Un
incidente en el metro de Madrid obliga a evacuar a los viajeros por el túnel de
Acacias”
"La cuenta
en Twitter de Metro de Madrid no aguantó nuestras quejas ni una hora antes de
bloquearnos"
A
tenor de las continuas averías y el aluvión de quejas, volvemos a recordar
nuestras palabras de denuncia en el pleno de Abril 2014
¨POR
UN TRANSPORTE PÚBLICO, ACCESIBLE Y DE CALIDAD“
En IU consideramos
que la función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes,
servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar
donde vivan, renta, edad o género. Por ello, estimamos fundamental,
mantener el carácter público de los principales medios de transporte -urbano e
interurbano- por motivos sociales y ambientales claros:
1º Su
carácter público implica que puedan ser utilizados por cualquier persona, por
ello se deben dotar de un servicio mínimo de transporte lugares que, de lo
contrario, solo estarían comunicados por medios privados.
2º Los
medios colectivos resultan mucho más eficientes en términos energéticos y económicos,
y requieren de menos espacio público, tanto para circulación como para
estacionamiento.
3º Los
impactos ambientales de los medios de transporte público son muy inferiores
respecto al automóvil privado. Contamina menos y emite menos gases de efecto
invernadero.
4º Los
impactos sociales también son muy inferiores: una siniestralidad prácticamente
inexistente, si se compara con el automóvil y las motocicletas; y una
generación de ruido por persona transportada mucho más baja.
Por todas
estas razones, les pedimos que NO sean cómplices de la Comunidad de Madrid, en la
espiral de recortes y deterioro, que todos sabemos dónde nos conduce. A menor
recaudación, peor servicio, y así sucesivamente, hasta que su propia
inviabilidad en términos económicos, lleve a justificar la privatización de
parte o la totalidad del servicio.
Los
vecinos y vecinas de Alcobendas, y todos los madrileños, nunca hemos pagado
tanto por el transporte y sin embargo, nos imponen cada vez más recortes.
Recortes, que constituyen un atentado contra un servicio público, que es un
derecho, no un privilegio.
Recortes,
que son totalmente arbitrarios, y no responden más que a una política basada en
supuestos ahorros, que en realidad son pasos hacia la privatización del
transporte público, como las que el gobierno del PP está realizando con la
sanidad, la educación y los servicios públicos madrileños.
Ahora, a
los recortes, debemos añadir los derechos laborales y los puestos de trabajo,
que se han puesto en peligro. El pasado 5 de marzo comenzó una huelga
indefinida en protesta por la intención de ALSA de reducir el sueldo a 420
trabajadores. Una reducción salarial, manifiestamente injusta, no sólo por los
efectos que puede tener en la seguridad de los vehículos, sino también, porque
se realiza cuando la empresa ha obtenido 90 millones de beneficios en 2013.
Según las
estimaciones, cerca de 55.000 viajeros diarios han sido los afectados por esta
huelga. Por ello, solicitamos que los vecinos y vecinas que lo reclamen, sean
resarcidos por un servicio que han pagado por adelantado y no han recibido.
Desde IU
seguimos defendiendo y exigiendo una gestión y propiedad del transporte
colectivo, totalmente públicos, como garantía del derecho a la movilidad de
todos y todas.
Y para
garantizar este derecho, debemos asegurar su condición de universalidad, lo que
significa que se ha de acondicionar para permitir su utilización por personas
con diversidad funcional y no discriminar económicamente, estableciendo tarifas
sociales.
Estamos
comprobando además, un abandono intolerable, en las inversiones para
mantenimiento de trenes e instalaciones en el Metro de Madrid. No sólo
desatienden financieramente las vías o los trenes –ruedas, componentes o
repuestos- tampoco hay ni siquiera fluorescentes o balastros. Ahora incluso se
están reutilizando los mismos tornillos cuando se reparan los elementos. Esta
situación es alarmante, el mes pasado hubo dos descarrilamientos en menos de 78
horas, el primero en Fuencarral y el segundo en la estación de Nuevos
Ministerios y que desesperaron a los usuarios de la línea 10.
En
definitiva, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, deben dar un
giro radical en su política de transporte y financiación del mismo. El primer
paso, modificar y reducir el importe de las tarifas: ampliar la edad del abono
joven y crear un abono social, para desempleados sin recursos.
Pero España entera
vive una situación de emergencia en material laboral. El paro de larga
duración, ya afecta a más de 3,5 millones de personas, representando al 61% del
total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están
desempleados desde hace más de dos años.
Como indicamos en la moción,
sólo el 47,5% de las personas desempleadas percibe una prestación por
desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de
cobertura por desempleo. Esta situación exige aumentar los recursos destinados
al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una
renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar
los sistemas públicos de servicios esenciales, como son la sanidad, la
educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las
desigualdades sociales y la marginación económica y social.
Esto comprende, además,
facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, para
favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Por todo ello, el grupo
parlamentario de la Izquierda Plural ha presentado para su debate, en la
Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley (PNL) con el fin de crear una
tarifa especial en la red ferroviaria para las personas en situación de
desempleo.
En definitiva, un transporte
público accesible y de calidad que garantice nuestro derecho a desplazarnos y
una política de transporte y movilidad socialmente justa y con menos impacto
ambiental.
Comunicación IU-LV Alcobendas
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