MOCIÓN IZQUIERDA UNIDA ALCOBENDAS PLENO SEPTIEMBRE 2015
DEFENSA Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES
EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Izquierda Unida Alcobendas defiende en el próximo pleno unos
Servicios Sociales públicos, universales y descentralizados que garanticen la
protección social, como mecanismo para prevenir y eliminar las causas que
conducen a la exclusión social.
Para ello, proponemos blindar lo que consideramos
un mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales,
ampliando y mejorando las prestaciones mediante una financiación adecuada y
suficiente, que garantice un nivel de atención primaria a los/las vecinos/as.
MOCIÓN SEPTIEMBRE 2015:
La aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha disparado todas
las alarmas. Esta Ley restringe las competencias propias de los ayuntamientos,
sobre todo en materia de acción social, educación y sanidad, al tiempo que
limita casi por completo la capacidad para el desarrollo de competencias fuera
de las expresamente reconocidas (las llamadas competencias impropias) tales
como juventud, consumo, fomento empresarial, cooperación al desarrollo, etc.
En la presente moción nos centraremos en el Artículo
Primero, base ocho, que da una nueva redacción al Artículo 25.2.e de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre
competencias de los Ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales.
Tras esta nueva redacción, el artículo genera incertidumbre
y preocupación social, cuando señala que la única competencia propia de los
Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones
de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social”.
Dado que es una Ley vigente y con plena incidencia en el
Ayuntamiento de Alcobendas, se hace perentoria una respuesta institucional,
arbitrando mecanismos para que su aplicación sea lo menos destructiva posible.
En la actualidad, los Servicios Sociales
Municipales deben ser una parte fundamental del Estado social y de derechos
definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y
educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por
tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros
sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una
legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una
cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad
de la protección.
En la actual Ley se observa, una vez dejado sin contenido el antiguo artículo 28,
que el único punto donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma
clara y directa, es en el artículo 26, donde se estipula que: “la
Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…,
en los Municipios…, entre otras, las siguientes competencias: apartado -C.
Prestación de los servicios sociales…”.
Las políticas sociales de Atención Primaria no
pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada
momento, cada una de las Comunidades Autónomas. Esto implica dejar por el
camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los
ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio.
No estamos ante una cuestión meramente
terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en
el modelo de gestión; transitar de la
“prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley
7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de
situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social”
El Gobierno está destruyendo el sistema de
servicios sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más
eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay detrás de ello ni un
razonamiento económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los
impactos reales en la población.
Las comunidades autónomas no podrán asumir
todos esos servicios, que desaparecerán. Cuando surjan entornos urbanos
degradados y llenos de miseria, los Ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad
de respuesta, ni preventiva, ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Desde Izquierda Unida defendemos unos Servicios
Sociales públicos que garanticen la protección social, suspendiendo los
procesos de privatización, para prevenir y eliminar las causas que conducen a
la exclusión social desde unos servicios sociales públicos, universales y
descentralizados.
Para ello, proponemos blindar un mínimo
irrenunciable, ampliando y mejorando los Servicios Sociales Municipales, garantizándolos
mediante una financiación adecuada y suficiente, aumentando las partidas destinadas
a estos servicios en los presupuestos de este municipio, en base a la
siguiente,
MOCIÓN:
1) El Ayuntamiento de Alcobendas
garantiza un nivel de atención primaria, que integraría, como mínimo, la
siguiente cartera de prestaciones:
a. Información, valoración,
orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.
b. Ayuda a domicilio y apoyo a la
unidad de convivencia.
c. Intervención
y mediación familiar.
d.
Atención primaria a la tercera edad
y personas con discapacidad. Gestión de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia.
e.
Iniciativas
que posibiliten la permanencia de los ancianos en sus domicilios:
Generalización del servicio de tele-asistencia; Servicios de ayuda a domicilio;
Atención sanitaria domiciliaria; Planes de adaptación de la vivienda al estado
físico de los ancianos.
f. Ayudas económicas de emergencia
social.
g. Ayudas económicas para paliar la
pobreza energética. Garantizar
suministros mínimos básicos de agua y energía.
h. Prevención, intervención e
integración, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o
situación de pobreza y/o de exclusión social: Apertura de un Banco de Alimentos,
un comedor social y un albergue de acogida, Plan especial urgente para combatir
la pobreza y la exclusión social infantil.
i. Adopción de medidas de protección
de menores en situación de riesgo.
j.
Acompañamiento en los itinerarios
de inclusión social.
k. Centro de tratamiento de Alzheimer.
l. Atención primaria a mujeres
víctimas de violencia de género: Adopción de medidas de protección; Red de
viviendas tuteladas de acogida; Proyectos de inserción laboral; Dotación de
plazas escolares.
m. Programas de apoyo a familias
monoparentales.
n. Alojamiento de urgencia.
o. Servicios de promoción y
dinamización comunitaria, y voluntariado social.
2) Se destinarán, a través de una
financiación municipal adecuada y suficiente, los fondos necesarios para
garantizar estos servicios.
3) Instar al Gobierno Central a la
modificación o la retirada de la Ley 27(2013, de 27 de Diciembre para la
Racionalización y Sostenibilidad de la de la Administración Local y la
elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales que integre una cartera de
servicios básicos de atención social para todo el conjunto del Estado.
4) Manifestar y transmitir al resto
de Ayuntamientos nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los
derechos sociales de la ciudadanía, por mantener políticas de desarrollo
socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social.
5) Dar traslado de este acuerdo al
Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Grupos
Políticos del Congreso de Diputados y a la Junta de Gobierno de la FEMP, así
como a los colectivos profesionales que representan a las/os trabajadoras/es de
los servicios sociales (Colegios Profesionales, Asociaciones de defensa de
servicios sociales, etc.).
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