Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos #10D, Izquierda Unida registra moción al pleno de diciembre, para seguir luchando porque estos derechos sean una realidad y no una quimera.
Hace setenta años que la Asamblea General de las Naciones
Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Acabada la segunda Guerra Mundial y derrotado el fascismo en la mayor parte de
Europa, la humanidad trató de fijar unos principios básicos sobre los que todas
las personas y sociedades pudieran desarrollarse en igualdad. Setenta años
más tarde, no han dejado de ser una quimera. La realidad de las personas
trabajadoras en el Estado español y en la mayor parte del planeta confirma que
estos principios básicos son constantemente violados.
Mientras el Artículo 25 de la Declaración habla de la
vivienda como un pilar básico para acceder al derecho a un nivel de vida
adecuado. Las burbujas inmobiliarias y del alquiler, alimentadas por la
especulación, hacen que cada vez sea más difícil tener una vivienda. En el
Estado español hay más de 40.000 personas sin hogar mientras hay 3,5 millones
de viviendas vacías que acumulan bancos y grandes propietarios, alentados por
algunas Administraciones que, en lugar de garantizar el acceso, venden vivienda
pública a fondos buitre para que especulen con ella. La turistificación
creciente está empeorando esta situación y expulsando a los vecinos y vecinas
de numerosos pueblos y barrios.
El Artículo 23 confirma el derecho al trabajo, a un salario
igual por el mismo trabajo y a fundar sindicatos y sindicarse. Sin embargo,
hay 3,2 millones de personas desempleadas en nuestro Estado, y continúan sin
derogarse por completo las dos últimas reformas laborales que no sólo facilitan
el despido, sino que permiten la precariedad extrema de aquellos que sí tienen
un salario. La brecha salarial es del 14,2% y las mujeres siguen ocupando los
puestos con peores condiciones laborales y con mayor precariedad, sometidas a
la segregación laboral por sexos y el denominado techo de cristal, que impide
el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Además, continúa la represión al
sindicalismo en las empresas, donde se repiten las denuncias por acoso a
trabajadoras y trabajadores sindicados.
A pesar de que el Artículo 13 declara el derecho a la
libre circulación y residencia, en lugar de habilitar vías legales y
seguras para la migración que garanticen este derecho y acaben con las mafias y
las muertes en el Mediterráneo, se negocian nuevos acuerdos con Marruecos para
comenzar a deportar a niños y niñas no acompañadas. Se siguen vendiendo armas a
Arabia Saudí para que su ejército las use en Yemen, o permitiendo que
multinacionales españolas del sector textil exploten a trabajadoras en terceros
países, y cuando las personas se ven obligadas a huir de este tipo de
situaciones, la Unión Europea cierra sus fronteras y el Estado español
rechaza dos de cara tres solicitudes de asilo, ultrajando permanentemente
el artículo 14 de la Declaración.
El Artículo 4 prohíbe la esclavitud y la servidumbre, y aun
así trabajadoras como las temporeras migrantes de Huelva que denunciaron acoso
sexual, son explotadas sin escrúpulos y con total impunidad.
Estos son sólo algunos ejemplos, aunque también podríamos
referirnos al Artículo 9 sobre la detención arbitraria, el Artículo 19
sobre la libertad de expresión, o el Artículo 26 sobre el derecho a
la educación. Todo esto nace de un sistema que propicia que el 1% más rico
de la población española sea dueño de alrededor de la mitad del país, mientras
que la mitad más pobre apenas acumula un 7% de la riqueza. Desde el inicio de
la crisis la población más rica del Estado ha cuadruplicado su riqueza sobre la
parte más pobre de la población.
En este marco, con la limitación del gasto a las entidades
locales y provincias es imposible garantizar el primer derecho humano, básico
para el cumplimiento del resto: la igualdad. Que ineludiblemente pasa
por garantizar unos servicios públicos básicos y de calidad para nuestra
ciudadanía o el fomento del empleo público por las administraciones locales y
provinciales, para evitar entre otros muchos problemas, que nuestros municipios
sigan despoblándose de manera alarmante o que el 21,6% de la población viva en
situación de pobreza. Por tanto, entendemos que la única manera de darle la
vuelta a esta situación es con un cambio radical en la perspectiva de nuestras
políticas, un cambio que ponga en el centro de éstas políticas a las
personas y sus derechos. La unidad resulta imprescindible para combatir las
políticas de recortes y precariedad a las que están sometidas nuestras ciudades
y pueblos, pues es el primer paso para que conquistemos estos derechos y
podamos realmente vivir con igualdad y dignidad.
Por todo ello, Izquierda Unida propone
al Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas la siguiente,
MOCIÓN:
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas manifiesta el compromiso de emprender medidas municipales, con el
objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente
a la emergencia habitacional.
SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas declara todos los servicios municipales como prioritarios, en caso
necesario solicitará la expresa autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno
de nuestro municipio con plena autonomía organizativa.
TERCERO. El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas insta al Gobierno Central a modificar la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a
promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera con el objeto de dar prioridad al gasto necesario
para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima
de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública.
CUARTO. El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas insta al Gobierno de la Nación a la eliminación en los Presupuestos
Generales del Estado de las restricciones a la oferta de empleo público y las
restricciones de aumento del Capítulo I.
QUINTO. El Ayuntamiento de Alcobendas
insta al Gobierno Central a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de
2010 y 2012, debido a sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo y
por poner en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.
SEXTO. El Ayuntamiento de Alcobendas
insta al Gobierno Central en materia de asilo:
a)
A terminar
con la práctica de las devoluciones en caliente y las devoluciones exprés. Que
se habiliten vías legales y seguras de acceso a España para que migrantes y
demandantes de asilo no se vean obligados a poner sus vidas en peligro
b)
Al
replanteamiento del procedimiento de atención social a solicitantes de asilo en
España. Estableciendo sistemas de coordinación y financiación eficaces con las
Comunidades Autónomas y las ciudades y municipios que permitan contar con información
actualizada de los contingentes de personas refugiadas trasladadas a nuestros
municipios así́ como información sobre su llegada efectiva y la previsión anual.
c)
La previsión
de un mecanismo para cofinanciar los costes derivados de los procesos de
atención e integración de las personas migrantes y refugiadas, facilitando el
acceso a los municipios a los Fondos FAMI y a todos aquellos fondos europeos a
los que los municipios puedan optar para el desarrollo de Programas municipales
de acogida complementarios al Programa Estatal, tal y como sucede en otros
países de la Unión Europea.
SEPTIMO. El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas insta al Gobierno Central a la derogación o modificación de la Ley
de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley
Mordaza, con vistas a la elaboración de un texto que salvaguarde la
libertad de expresión y sus connaturales derechos de reunión y manifestación.
En Alcobendas, a 5 de diciembre de
2018
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