El ámbito local es un
espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones,
y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y
para la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Los Ayuntamientos han sido
capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del
siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la
dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del
siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de
dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales
espacios para generar alternativas sociales y económicas para paliar los
efectos de la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones
políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de proximidad, un
modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos
suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios
sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a
la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la
construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo
que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como
vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del
crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera
financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias.
En definitiva, un
municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta
Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación,
transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía,
subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y
suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus
habitantes.
Los municipios españoles han
sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a
nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes,
elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la
preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y
también, ante la falta de definición constitucional de las competencias
locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la
ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron
los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro
país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de
descentralización política.
Consideramos imprescindible
conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este
período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las
opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada
municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo
mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación
respetando la proporcionalidad contemplada en la CE.
La democracia no es
compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada
en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la
mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo
de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación
política constitucionalmente establecido.
Es más, el art. 140 de la
Constitución Española establece que el voto de
vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y
producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas.
Además, los/as concejales/as serán
elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o
alcaldesa a la lista más votada llevaría
a la paradoja de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran
obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de
más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las
últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona
numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de
ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores
sería muy mayoritario. La democracia quedaría seriamente afectada y los
criterios de proximidad y participación vulnerados.
Área de Comunicación IU-LV
Alcobendas
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