La falacia de la ‘libre elección de centro educativo’ - Por Julio Rogero y Miguel Lancho, miembros de Escuela Abierta
'La falacia de la libre elección de centro educativo' Por Julio Rogero y Miguel Lancho, miembros de
Escuela Abierta.
Escuela Abierta es un movimiento de
renovación pedagógica que surgió en Getafe en el año 1981 y que tiene entre sus
objetivos la construcción de un modelo de Escuela Pública universal, inclusiva,
científica y laica.
El próximo 10 de
octubre el grupo municipal del Partido Popular de Getafe va a llevar a pleno
una moción a favor de la escuela privada concertada, aunque se esconde tras el
desgastado eufemismo de “la libertad de elección educativa de las familias” …
¡Qué perversión de la palabra libertad!
Nos parece una
burla a toda la Comunidad Educativa de los centros públicos de nuestro
municipio y del resto de localidades de Madrid, que está soportando en estos
momentos los ataques más furibundos por parte del Gobierno del PP y sus socios.
Hemos entrado en el
proceso preelectoral y la derecha quiere ganarse el plácet del potente lobby de
la educación privada. No olvidemos además que buena parte de la enseñanza
concertada está controlada por centros religiosos, con mucho poder y gran
capacidad de movilización de los sectores sociales afines.
En realidad, lo que
se está poniendo de manifiesto es la esencia de la política del PP que tiene
como objetivo prioritario acabar con los servicios públicos para engordar el
sector privado. Si todavía no lo han conseguido es por el justificado prestigio
del que goza el sector público entre la ciudadanía y el esfuerzo que
manifiestan por defenderlo. Y como no les es posible por la vía rápida no dejan
de inventar argucias. En el caso de la educación se recurre al desprestigio
planificado de la escuela de titularidad pública: recortes presupuestarios,
construcción de centros por fases, disminución de recursos, aumento de número
de niños por aula por encima de los límites legales, eliminación de apoyos
educativos, disminución de docentes y aumento de la interinidad…, y estímulos
para favorecer el sector privado, como el cheque escolar (infantil, FP o ahora
en bachillerato), exenciones fiscales por gastos educativos en la enseñanza
privada, cesión gratuita de terreno público, zonificación única y un sin fin de
decisiones y leyes que pretenden minar el prestigio de una educación muy
superior que es la de la escuela pública.
Entre el año 2009 y
el 2017 el presupuesto dedicado a la educación en la Comunidad de Madrid
disminuyó en torno a un 9% mientras que el presupuesto que se detrajo para la
privada aumentó en casi un 25%. Es la autonomía que, junto a Euskadi y
Cataluña, tiene mayor cantidad de escuela privada y no ha dejado de crecer en
los últimos años, actualmente se ha llegado al 47’8 % privada y 52’2 % pública.
También en España
goza de buena salud con un 32 % de privada y 68% pública, mientras que en
Europa la presencia de la privada se limita al 12%, (en Francia el 10%, en la
añorada Finlandia el 1% ...). Somos también la comunidad autonómica que menos
dinero dedica a educación con 2’7 %del PIB, frente al 4’1% de España y más del
5% de la Unión Europea.
La realidad es que
no existe libre elección de centro para la mayoría de la población, son más
bien los centros privados concertados los que eligen a su alumnado, excluyendo
en la mayor parte de los casos al alumnado de menos estatus socioeconómico. Aunque
en teoría toda la población escolar puede acceder, existen numerosas barreras
que los impiden: exigencia de cuotas complementarias (ilegales pero
consentidas), uso obligatorio de uniforme, ideario religioso e incluso
segregación por sexos. Aparte que la privada solo quiere estar donde hay
posibilidades de negocio. Así la derecha sigue con la falacia de la “libertad
de elección de centros”, que en realidad solo beneficia al sector de la
población con un estatus social más alto y que fijan sus expectativas en el
sector educativo privado creyendo que la educación selectiva favorece el éxito
escolar de sus hijos.
Todo ello nos
muestra la opción clara de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, que
deberían cuidar la escuela pública, por una escuela que está asentada en el
negocio del mercado educativo, por no hablar de la extendida práctica del
capitalismo de amiguetes que ya apareció en la investigación que se lleva a
cabo en el conocido caso Púnica.
Nosotros
consideramos que la educación es un derecho universal y que solo la Escuela
pública puede garantizar el acceso de todos y todas a la educación sin
discriminación por diferencias de origen social o geográfico, etnia, sexo o
creencias; que la obligación de los poderes públicos es garantizar una escuela
pública de calidad, dotándola de los recursos personales y materiales
necesarios y que el dinero público debe ser empleado para mejorar la educación
pública. Sabemos que en el sistema capitalista existe la libertad para crear
empresas de carácter educativo, pero no se puede pretender que, con dinero
público, se subvencionen proyectos educativos elitistas y excluyentes.
Nos parece indigno
que determinadas opciones políticas aprovechen su control de las instituciones
públicas para favorecer intereses privados, en contra del derecho a la
educación. Getafe es una localidad de población mayoritariamente trabajadora
que ha demostrado, a veces en circunstancias muy difíciles, ser capaz de luchar
con dignidad por sus derechos y contra las injusticias y no va a permitir que
se siga dañando a la Escuela Pública.
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